La Comisión Europea ha propuesto la Ley de Aceleración Industrial, un reglamento destinado a fortalecer la capacidad productiva europea mediante requisitos de “Fabricación en la UE” o bajas emisiones de carbono en contratación y ayudas públicas en sectores estratégicos como acero, cemento, aluminio, automoción y tecnologías de cero emisiones netas; la iniciativa busca elevar el peso industrial del 14,3 % al 20 % del PIB para 2035, promover la reciprocidad en los mercados públicos y establecer condiciones para inversiones superiores a 100 millones de euros en ámbitos como baterías, vehículos eléctricos, fotovoltaica o materias primas críticas cuando exista alta concentración de capacidad en terceros países, exigiendo creación de empleo europeo, transferencia tecnológica y valor añadido real. La Ley incorpora un proceso digital único para acelerar permisos, preferencias para productos hipocarbónicos, áreas de aceleración industrial orientadas a la fabricación limpia y un marco para reforzar la resiliencia de la cadena de suministro, quedando ahora su adopción sujeta a negociación entre Parlamento y Consejo.
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